SAT buscará irregularidades fiscales en tarjetas de crédito 14 de Marzo de 2012 • 08:08hs • actualizado 08:25hs Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso la mira en las tarjetas de crédito bancarias de los contribuyentes en busca de irregularidades fiscales. La dependencia está solicitando a bancos información sobre los plásticos de sus clientes, incluso de aquellos que no tienen ningún adeudo o crédito fiscal en firme. "Se emite el presente requerimiento de información para fines fiscales, sobre los pagos realizados por sus cuentahabientes a las diversas tarjetas de crédito con las que cuenten, con el objeto de planear y programar actos de fiscalización", dice el oficio enviado por la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT. Especialistas consultados señalaron que es factible que ingresos no declarados sean aplicados para hacer pagos con efectivo a las tarjetas de crédito, lo que busca evitar el SAT. La información solicitada incluye nombre del cuentahabiente, RFC, CURP, límite de crédito en la tarjeta al 31 de diciembre y montos de los pagos mensuales realizados sin importar la forma de pago y desglosados por mes. La disposición provocó la inconformidad de Banco Azteca, el cual promovió una demanda de amparo para impugnar el oficio enviado por el SAT el 17 de enero y en el que se le dio hasta el 29 de febrero para entregar prácticamente todos los datos del manejo de cuentas de sus tarjetahabientes. El 5 de marzo, un juez federal le concedió al banco una suspensión definitiva para que no dé la información mientras se analiza la legalidad del requerimiento. El SAT confirmó que está realizando estas peticiones a los bancos y que la ley le confiere atribuciones. Aclaró que el artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación estableció la facultad para solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, en este caso bancos, datos, informes y documentos, para planear la fiscalización. "La información se solicita", justifica la dependencia, "para corroborar que los datos sean consistentes con las declaraciones de los contribuyentes y, en su caso, determinar si es necesario realizar una acción de control". Ricardo Villalobos, socio fiscal y jurídico de Ernst & Young, dijo que hay un debate sobre la legalidad de estos actos. El artículo 32 B señala que los bancos pueden dar información de sus clientes al SAT sólo cuando éste se encuentre en proceso de comprobación para cobrar adeudos fiscales. Sin embargo, el artículo 42-A establece que la autoridad fiscal puede recabar información de terceros para iniciar una facultad de comprobación. "Esto significa que el SAT podrá solicitar toda la información que requiera de los contribuyentes, con el fin de hacer sus cruces de datos e iniciar posteriormente la fiscalización. Precisamente esta facultad es la que ha estado en debate sobre su legalidad", explicó Villalobos. Síguenos en Twitter: @TerraEconomiaMX

El Senado le dio media sanción a la reforma fiscal

La medida impulsada por el gobernador Daniel Scioli fue aprobada en el Senado y se debatirá la semana que viene en Diputados porque allí el oficialismo no consiguió el quórum de dos tercios necesarios para tratar la iniciativa ya que, al provenir de manera directa de la Cámara alta, no contaba con despacho de comisión. Esta reforma, posibilitará al gobierno recaudar unos 2685 millones de pesos, de los cuales cerca de 900 se destinarán a los municipios para compensar la pérdida en los ingresos por coparticipación. -------------------------------------------------------------------------------- La reforma fiscal que impulsa el gobierno de Daniel Scioli avanza en la Legislatura bonaerense. Ayer, el Senado provincial le dio media sanción a la iniciativa y la giró a Diputados, donde el oficialismo intentó tratarla pero como no consiguió el quórum necesario, el debate se postergó para la próxima semana. La iniciativa, elaborada por el Poder Ejecutivo pero que fue modificada en el Senado, posibilita al gobierno recaudar unos 2685 millones de pesos, de los cuales cerca de 900 se destinarán a los municipios para compensar la pérdida en los ingresos por coparticipación. El proyecto autoriza también al gobierno provincial a realizar nuevos endeudamientos por 2.200 millones de pesos, además de eliminar las exenciones fiscales que gozan las cooperativas, y otros beneficios que cuentan en la actualidad el servicio de televisión por cable y la telefonía móvil. También incluye cambios en el Inmobiliario Rural por lo que el proyecto es objetado por las principales entidades del campo, que anunciaron la puesta en marcha de medidas de fuerza que contemplan la no comercialización de productos. Durante el debate en la Cámara alta, la senadora por el Frente para la Victoria, Nora De Lucía, sostuvo que el aumento en el Inmobiliario Rural constituye una “imposición patrimonial progresiva y nadie puede pensar que eso no es distribución del ingreso”. “El impuesto Inmobiliario Rural está totalmente distorsionado y el Poder Ejecutivo tiene la decisión política de adecuar los valores de las parcelas rurales al año 2012”, graficó la legisladora. De Lucía remarcó que el campo “también pide más rutas, salud y escuelas agrarias y por eso es el momento de este cambio porque hay una decisión política de pensar que en una sociedad equitativa todos debemos apoyar esta reforma”. Si bien la intención del oficialismo era darle sanción al proyecto ayer, finalmente la Cámara baja no pudo tratarlo ante la falta del quórum necesario de dos tercios, ya que la iniciativa -al provenir de manera directa del Senado- no contaba con despacho de comisión. No obstante, el titular de la Cámara de Diputados, Horacio González, señaló que el proyecto fue girado a comisión y que “se pidió el tratamiento para la próxima sesión con o sin despacho", por lo que no se necesitarán los dos tercios para su tratamiento. Para expresar su descontento con la medida, ayer desde las primeras horas de la mañana, alrededor de medio millar de ruralistas, entre los que se encontraba el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcatti, y el vicepresidente segundo de Federación Agraria Argentina, Guillermo Giannassi, se concentraron frente a las puertas de acceso de la Cámara de Senadores. Tras la aprobación del proyecto en el Senado y previo a lo que iba a ser su tratamiento en Diputados, los ruralistas se enfrentaron con personal de seguridad y algunos militantes que se encontraban en las inmediaciones, a quienes arrojaron piedras, botellas y el contenido de matafuegos. Seis personas resultaron heridas, cinco de ellas con contusiones producto de golpes y una con una herida cortante en el cuero cabelludo. Una fuente de la cartera de Economía bonaerense explicó que con la reforma al Inmobiliario “el mayor incremento rondará el 40 por ciento y sólo lo recibirán las partidas de mayor valor” y aclaró que “la valuación promedio de una hectárea de campo representa sólo el 10 por ciento del valor de mercado”.